El contingente tema del choque de intereses entre la política y los negocios, producto de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera y su fuerte presencia en el mundo empresarial, es una situación que se vive día a día en muchas actividades de la sociedad actual.
Aunque parezca extraño, en cosas que pueden parecer lejanas a la política y los negocios, existe también la peligrosa dualidad de ser juez y parte en algunas acciones de carácter público. Un ejemplo es lo que sucede en la hípica, donde los miembros de los directorios de las instituciones “burreras”, tienen la posibilidad de ser propietarios de caballos. Situación que no está normada, y en la que sólo se apela a la buena fe de los involucrados.
El problema no está en la posesión de finasangres, ni en la participación profesional de los mismos en los diversos hipódromos del país, sino en la incomoda situación en la que se ven envueltos los miembros de los directorios, cada vez que un fallo dividido involucra ejemplares que defienden sus colores.
Inclusive, en los casos en que sus “pingos” son favorecidos de manera justa por las respectivas juntas de comisarios, el público en general reacciona de mala manera con “pifias”, “abucheos” y gritos. Situación que siembra la duda entre los fieles apostadores que asisten a los recintos hípicos del país, y que al fin y al cabo están jugando su dinero en cada carrera.
La idea de esta columna, no es destruir la labor realizada por los diversos directorios de los hipódromos nacionales, ni exigir que no exista la dualidad propietario-director. El trasfondo de estas palabras, no es más que colaborar en la búsqueda de mejoras para la actividad en sus diversos ámbitos.
Pero la verdad es que es muy difícil encontrar soluciones para esta problemática, ya que el cese de actividades, el cierre de corrales y el despido de cuidadores está claro que no debe ser el camino a seguir. Hasta que no aparezca una respuesta satisfactoria a esta incertidumbre, no nos quedará más que confiar en la probidad y seriedad de los encargados de mantener en alto el nombre de la hípica chilena.
Aunque parezca extraño, en cosas que pueden parecer lejanas a la política y los negocios, existe también la peligrosa dualidad de ser juez y parte en algunas acciones de carácter público. Un ejemplo es lo que sucede en la hípica, donde los miembros de los directorios de las instituciones “burreras”, tienen la posibilidad de ser propietarios de caballos. Situación que no está normada, y en la que sólo se apela a la buena fe de los involucrados.
El problema no está en la posesión de finasangres, ni en la participación profesional de los mismos en los diversos hipódromos del país, sino en la incomoda situación en la que se ven envueltos los miembros de los directorios, cada vez que un fallo dividido involucra ejemplares que defienden sus colores.
Inclusive, en los casos en que sus “pingos” son favorecidos de manera justa por las respectivas juntas de comisarios, el público en general reacciona de mala manera con “pifias”, “abucheos” y gritos. Situación que siembra la duda entre los fieles apostadores que asisten a los recintos hípicos del país, y que al fin y al cabo están jugando su dinero en cada carrera.
La idea de esta columna, no es destruir la labor realizada por los diversos directorios de los hipódromos nacionales, ni exigir que no exista la dualidad propietario-director. El trasfondo de estas palabras, no es más que colaborar en la búsqueda de mejoras para la actividad en sus diversos ámbitos.
Pero la verdad es que es muy difícil encontrar soluciones para esta problemática, ya que el cese de actividades, el cierre de corrales y el despido de cuidadores está claro que no debe ser el camino a seguir. Hasta que no aparezca una respuesta satisfactoria a esta incertidumbre, no nos quedará más que confiar en la probidad y seriedad de los encargados de mantener en alto el nombre de la hípica chilena.
Por Felipe Vegas Navarro
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